El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (nota de prensa). Los Grados no sujetos a normativa específica (como Medicina o Arquitectura) podrán ser de entre 180 y 240 créditos; los másteres, entre 60 y 120 créditos.
Dentro del argumentario del Gobierno sobre la reforma, encontramos los supuestos efectos beneficiosos para las familias:
Consecuencias para las familias: ahorro económico y facilitar el acceso al mercado de trabajo
Por un lado, el 30% de las titulaciones, como las relacionadas con Ingeniería y Arquitectura o Ciencias de la Salud, están sometidos a normativa europea o nacional que fija su duración, por lo que no se van a ver afectadas por este Real Decreto.
En aquellas titulaciones para las que las universidades opten por reducir a 180 créditos los Grados, el 70% restante, los estudiantes se ahorrarán el pago de tasas de un año completo. Además, los estudiantes se ahorrarán los costes asociados a cursar estudios universitarios, tales como el transporte, el alojamiento, la manutención, etc. Finalmente, se podrán incorporar al mercado de trabajo un año antes y comenzar a recibir ingresos. Teniendo en cuenta lo que los alumnos se ahorrarían en el pago de las tasas de ese año, se estima que el ahorro anual para las familias sería de 150 millones de euros.
Por otro lado, puesto que sólo un 20% de los alumnos opta por cursar un Máster no habilitante, y éstos no necesariamente incrementarán a 120 créditos (la decisión le corresponde a cada universidad), sólo un número reducido verán ligeramente incrementado el coste.
Los rectores junto al «coro quejumbroso de sindicatos estudiantiles y de docentes, partidos de izquierda y otros grupos que se oponen por sistema a la reforma» (según el ABC) no tienen tan claro que esta sea una buena reforma. Entre los argumentos más comúnmente esgrimidos (#NOal3mas2), el posible incremento de precio para completar el itinerario universitario. Los precios públicos de los másteres (que previsiblemente aumentarán su duración) suelen ser superiores a los de los grados (que previsiblemente la bajarán).
Sin intención de decantarnos ni hacia un lado ni hacia otro, vamos a ofrecer los datos sobre los precios públicos de los créditos universitarios por Comunidades Autónomas en los últimos años. La información está accesible en la web del Ministerio.
Los precios difieren según número de veces matriculado en la asignatura y según nivel de experimentalidad de los estudios. Ni el número de posibles matrículas ni el número de niveles de experimentalidad es homogéneo en todo el país. El Ministerio marca anualmente el rango posible de variación de los precios públicos y son las Comunidades quienes fijan el precio final. Vamos a trabajar con los precios medios por Comunidad. La serie no está ajustada por IPC.
Tomamos la serie desde el curso 2011-12 hasta el curso 2014-15. Es en este periodo cuando se generalizan los Grados, dejando atrás los estudios de Primer y Segundo Ciclo. Diferenciamos entre grados, másteres que habilitan para el ejercicio de una profesión (sin ellos, uno no puede optar a ciertos trabajos por ley, y son habitualmente más baratos), y másteres no habilitantes (no son requisito legal para ninguna profesión). La hoja de cálculo la pueden encontrar aquí.
Vayamos con los grados. Aquí, y en el resto de tablas (recordatorio: hagan click si desean ampliar las imágenes o descarguen la hoja de cálculo si quieren realizar sus propios cálculos), en color rojo-rosa se marcan las dos Comunidades con menores valores por columna; en negrita-mostaza (jamás pensé que usaría alguna vez lo de color «mostaza»), los dos máximos por columna.
Vemos, por ejemplo, una gran variabilidad por Comunidad, desde los 11.89 euros por crédito de Galicia hasta los 33.52 de Cataluña. Se presenta una relativa estabilidad en la posición de las Comunidades a lo largo de los años: Galicia o Andalucía han optado por los menores precios en España en casi todos los años de la serie; Cataluña o Madrid se sitúan en el otro extremo. También vemos cómo, mientras que algunas Comunidades apenas han alterado los precios públicos para los grados, o incluso los han rebajado mínimamente, otras los han subido en un 81% (Castilla-La Mancha) o en un 67% (Cataluña).
Tabla precios grados
Los másteres no habilitantes también muestran una gran variabilidad por Comunidades. Comparativamente con los másteres, en general han incrementando en mayor medida su precio en los últimos años. En los casos de Cataluña o Madrid, por ejemplo, hasta más que duplicarlos en la actualidad en comparación con el curso 2011-2012. Indicando que este incremento de precios en los másteres no habilitantes no resulta absolutamente necesario, tenemos los casos de Galicia o Castilla-La Mancha.
En la última columna, podemos ver la diferencia en precio por crédito entre grados y este tipo de máster. Nos hemos limitado a comparar este incremento para el curso presente. El coste siempre es mayor para los másteres, desde un 184% en Murcia hasta el 40% en Castilla-La Mancha.
Tabla precios máster no habilitantes
Para los másteres habilitantes, no disponemos de datos para el curso 2011-2012. Los precios públicos para estos másteres que son requisito legal para el ejercicio profesional son menores que para los otros másteres. Mientras que algunas Comunidades han ido bajando su precio, como Andalucia o Castilla y León, otras los han subido, como Castilla-La Mancha o País Vasco. Madrid, de nuevo, se sitúa entre las Comunidades más caras, y Andalucía entre las más económicas. Mientras que en la Comunidad Valenciana no hay diferencia de precio por crédito entre esta formación y los grados, en Galicia se más que duplican los precios.
Tabla precio máster habilitantes
Vemos, por tanto, que en tanto que los precios públicos son muy variables por Comunidad, muy probablemente sea imposible realizar estimaciones homogéneas para todo el país sobre el impacto posible de la nueva norma. En algunas Comunidades el precio del crédito de grado es casi el mismo que el precio del máster no habilitante cursado en otras. En algunas Comunidades, apenas hay cambio según tipo de estudio, luego el cambio tendría que tener un impacto muy menor.
Con esto no estamos defendiendo una equiparación de precios universitarios en toda España. Es nuestro punto de vista que la variabilidad en los políticas sociales permite experimentar y descubrir los mejores modos de gestionar lo público, luego la armonización completa puede restarnos margen al descubrimiento del impacto de las normas. Tampoco podemos calcular si el precio de cursar estudios con la reforma subirá o bajará, porque para ello hay que partir de valores respecto a número de becarios, cuantía de las becas, porcentaje de grados que cambiarán de duración, porcentaje de estudiantes que cursarán máster y qué tipo de máster… Nosotros seremos más modestos que el Ministerio no calcularemos los millones que las familias se ahorrarán (o no) con el 3+2.
Queremos, simplemente, ofrecer información útil para el debate público. Recordad que podéis descargaros estas tablas haciendo click aquí.
Para mí, el principal problema no es tanto de años o de master sí o no… Es de planificación y de facilitar la adaptación al cambio.
Por mucho mejor que sea este modelo, donde tampoco quiero entrar aunque la idea de acabar la carrera a los 21 años me parece muy atractiva, había que dejar un tiempo de actuación al plan actual.
En mi caso, cursé la penúltima promoción de licenciatura antes de la implantación al grado, y a mitad de carrera he sufrido toda una serie de cambios imprevisibles cuando tomé la decisión de comenzar la carrera:
– Variación en los periodos de exámenes (de septiembre a junio los de recuperación y de finales de enero a justo después de navidades, avisando a mitad de curso).
– Reducción de asignaturas optativas, ya que no contaban con suficientes alumnos o profesorado, debido a que en grado no se cursarían.
– Profesores que se pensaban que ya estaban dando una asignatura de grado, y que sin constar en la guía docente, en la práctica penalizaban la falta de asistencia a clase y realizaban evaluación continua con una gran carga práctica (deberes, no nos engañemos) tal como en aconsejaba el método pedagógico de grado.
– Variación y reducción de plazas de practicum, al tener que compartirla con alumnos de grado.
– Aumento de tasas, aunque aquí no creo que haya que culpar al grado sino más bien al cambio de modelo impulsado por la crisis, y no me he llevado la peor parte.
Por suerte yo era el penúltimo año de licenciatura. Los de último año, en cuanto les quedaban un par de asignaturas eran aconsejados de cambiar de plan de estudios, donde una asignatura se había fundido con otra y el baile de opciones era un quebradero de cabeza tanto administrativo como para los alumnos. Y esto desde el punto de vista del alumno, en cuanto a administración y organización de profesorado no me quiero imaginar lo que supone encontrarte con un decreto de estas características, de caracter urgente y sin dejar pasar ni un periodo de evaluación para el plan actual.